Reuters - Una orden de la Iglesia Católica en Estados Unidos accedió a pagar 16,5 millones de dólares a más de 400 adultos que denunciaron haber sido abusados sexualmente cuando eran niños por líderes religiosos, según anunciaron el jueves las partes en comunicados enviados por separado.
Las víctimas denunciaron los abusos ocurridos en escuelas y centros de cuidado de niños pertenecientes a la orden de Christian Brothers y Christian Brothers of Ireland Inc en 17 estados de Estados Unidos y Canadá, en incidentes que datan desde fines de la década de 1940 a inicios de la década de 1980, dijo James Stang, un abogado que representa a los demandantes.
El acuerdo extrajudicial alcanzado en una corte de bancarrota de Estados Unidos también faculta a las víctimas a buscar más compensaciones por parte de los Christian Brothers como bienes raíces o pólizas de seguros, dijo Stang.
Una comisión que representa a los demandantes, que presentaron denuncias contra la mayoría de los miembros de la orden, autorizó los términos del acuerdo.
En el 2011, la orden Christian Brothers se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrota estadounidense en respuesta a las demandas de abuso sexual.
"Las intensas negociaciones realizadas en los últimos tres meses han llevado a dolorosas concesiones para lograr un acuerdo mutuo. Este acuerdo dará una oportunidad para tomar un nuevo compromiso de acogerse al evangelio de Jesús", dijo en un comunicado el hermano Kevin Griffith de los Christian Brothers.
Ambas partes destacaron que el pacto establece salvaguardas para proteger a niños de futuros abusos.
En abril, el Vaticano dijo que el Papa Francisco quería que la Iglesia Católica "actúe decisivamente" para poner fin a los abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes y garantizar que los perpetradores sean castigados.
La crisis de la Iglesia Católica comenzó en Boston en el 2002 cuando la prensa empezó a reportar casos de abusos que habían sido encubiertos sistemáticamente y a informar sobre la manera en que los sacerdotes involucrados fueron cambiados de parroquia en lugar de ser entregados a las autoridades civiles.
Desde entonces, en muchos países la Iglesia Católica ha fijado nuevas normativas para lidiar con los casos de abusos pasados, evitar nuevas violaciones, garantizar que estos eventos sean reportados a la policía e impedir que potenciales agresores ingresen al ministerio.
(Reporte de Daniel Trotta. Editado en español por Marion Giraldo)
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