La fiscalía pidió el martes cuatro años de cárcel para Jean-Claude Mas, fundador de la firma francesa PIP, juzgado por el tribunal correccional de Marsella (sur de Francia) por el escándalo de implantes mamarios fraudulentos de alcance mundial.
AFP - noticiaaldia.com
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El fiscal Jacques Dallest, “consternado” por los cinco inculpados de engaño agravado y fraude, pidió asimismo para Mas una multa de 100.000 euros y la prohibición definitiva de ejercer en el sector médico o sanitario y de administrar empresas. “Usted es un inventor loco, el creador de un producto inaceptable, el aprendiz de brujo de las prótesis”, dijo el fiscal a Mas. Su abogado, Yves Haddad, lo comparó al terminar la audiencia a un “boxeador que recibió un puñetazo en la cara pero que va a levantarse”. “Lo máximo, son cuatro años de prisión por engaño agravado y cinco por estafa. Pero la fiscalía fue tan excesiva en sus alegatos que ni siquiera se percató de que no pidió nada ni demostró nada en materia de estafa”, agregó el abogado. “Cuatro años no es suficiente por todo lo que él hizo ¡Es una vergüenza!, opinó, por el contrario, una de las víctimas al salir de la sala. Igualmente, el abogado de la principal asociación de portadoras, Philippe Courtois, estimó que “el máximo de cinco años habría sido normal para Mas” y habría aportado “un poco más de alivio” a las demandantes. “Sea cual fuere la pena de prisión, sólo significa unos minutos por víctima, por lo que es insignificante para nosotras”, declaró otra víctima, Joëlle Manighetti. Para los otros acusados, el fiscal pidió penas de seis meses a dos años de cárcel, si se excluyen los periodos de prisión condicional, prohibición de ejercer para cada uno de ellos y 50.000 euros de multa para Claude Couty, el ex director general, descripto como “el financista débil y complaciente”. De los otros tres inculpados, juzgados por complicidad, la fiscalía se mostró más severa respecto a la ex directora de calidad de la firma, Hannelore Font, “la que prendía la mecha lenta que explotaría en las portadoras”. “Y sin embargo usted es la única mujer entre los inculpados, podría haber sido sensibilizada”, recalcó Dallest. El fiscal pidió asimismo al tribunal que rechazara la demanda de la agencia de control de productos sanitarios francesa (ANSM, ex Afssaps), que descubrió el fraude durante una inspección en la fábrica en marzo de 2010, y pidió a los jueces que decidieran sobre la indemnización de las víctimas. “Es necesario que ese sufrimiento, esos gritos, los oigan ustedes”, dijo, evocando un doble perjuicio: uno material y otro de ansiedad. Los eventuales daños corporales son competencia de otro procedimiento, actualmente en curso de instrucción, por heridas involuntarias. Antes de Dallest, el vicefiscal Ludovic Leclerc, especialista de los asuntos de salud, había iniciado el alegato a dos voces de la fiscalía. “Un abogado decía hace unos días que el mundo nos mira. Es quizás un poco excesivo, pero significativo del hecho de que la decisión que ustedes tomen es esperada y marcará un hito”, dijo Leclerc al tribunal, presidido por el juez Claude Vieillard. “Lamentablemente, un gran legajo de salud pública es ante todo dolor y sufrimiento”, agregó, considerando que uno de los objetivos de este proceso es comprender como “una sociedad como la nuestra pudo dejar crecer ese tipo de fraude”. Convencido de que el fraude habría continuado si la inspección de la agencia sanitaria no se hubiese realizado, fustigó “la indecencia” de ciertos acusados “que podían decir no, digan lo que digan” hoy. En cuanto a Mas, “es primeramente un gran ego, un yo, yo, yo”, dijo. La fiscalía insistió en la peligrosidad de los implantes PIP. “Tenemos ahí un sistema de fraude masivo en perjuicio de miles de mujeres, un engaño como rara vez hemos visto”, “una vez más, el dinero antes que la salud de los otros”, recalcó. Según el tribunal, 7.445 mujeres se declararon demandantes en este proceso, entre ellas unas 2.500 extranjeras, pero el número de portadoras de las prótesis defectuosas es estimado en 30.000 en Francia y en varios cientos de miles en el mundo, muchas de ellas en América Latina. El proceso continuará del miércoles al viernes con los alegatos de la defensa.
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El fiscal Jacques Dallest, “consternado” por los cinco inculpados de engaño agravado y fraude, pidió asimismo para Mas una multa de 100.000 euros y la prohibición definitiva de ejercer en el sector médico o sanitario y de administrar empresas. “Usted es un inventor loco, el creador de un producto inaceptable, el aprendiz de brujo de las prótesis”, dijo el fiscal a Mas. Su abogado, Yves Haddad, lo comparó al terminar la audiencia a un “boxeador que recibió un puñetazo en la cara pero que va a levantarse”. “Lo máximo, son cuatro años de prisión por engaño agravado y cinco por estafa. Pero la fiscalía fue tan excesiva en sus alegatos que ni siquiera se percató de que no pidió nada ni demostró nada en materia de estafa”, agregó el abogado. “Cuatro años no es suficiente por todo lo que él hizo ¡Es una vergüenza!, opinó, por el contrario, una de las víctimas al salir de la sala. Igualmente, el abogado de la principal asociación de portadoras, Philippe Courtois, estimó que “el máximo de cinco años habría sido normal para Mas” y habría aportado “un poco más de alivio” a las demandantes. “Sea cual fuere la pena de prisión, sólo significa unos minutos por víctima, por lo que es insignificante para nosotras”, declaró otra víctima, Joëlle Manighetti. Para los otros acusados, el fiscal pidió penas de seis meses a dos años de cárcel, si se excluyen los periodos de prisión condicional, prohibición de ejercer para cada uno de ellos y 50.000 euros de multa para Claude Couty, el ex director general, descripto como “el financista débil y complaciente”. De los otros tres inculpados, juzgados por complicidad, la fiscalía se mostró más severa respecto a la ex directora de calidad de la firma, Hannelore Font, “la que prendía la mecha lenta que explotaría en las portadoras”. “Y sin embargo usted es la única mujer entre los inculpados, podría haber sido sensibilizada”, recalcó Dallest. El fiscal pidió asimismo al tribunal que rechazara la demanda de la agencia de control de productos sanitarios francesa (ANSM, ex Afssaps), que descubrió el fraude durante una inspección en la fábrica en marzo de 2010, y pidió a los jueces que decidieran sobre la indemnización de las víctimas. “Es necesario que ese sufrimiento, esos gritos, los oigan ustedes”, dijo, evocando un doble perjuicio: uno material y otro de ansiedad. Los eventuales daños corporales son competencia de otro procedimiento, actualmente en curso de instrucción, por heridas involuntarias. Antes de Dallest, el vicefiscal Ludovic Leclerc, especialista de los asuntos de salud, había iniciado el alegato a dos voces de la fiscalía. “Un abogado decía hace unos días que el mundo nos mira. Es quizás un poco excesivo, pero significativo del hecho de que la decisión que ustedes tomen es esperada y marcará un hito”, dijo Leclerc al tribunal, presidido por el juez Claude Vieillard. “Lamentablemente, un gran legajo de salud pública es ante todo dolor y sufrimiento”, agregó, considerando que uno de los objetivos de este proceso es comprender como “una sociedad como la nuestra pudo dejar crecer ese tipo de fraude”. Convencido de que el fraude habría continuado si la inspección de la agencia sanitaria no se hubiese realizado, fustigó “la indecencia” de ciertos acusados “que podían decir no, digan lo que digan” hoy. En cuanto a Mas, “es primeramente un gran ego, un yo, yo, yo”, dijo. La fiscalía insistió en la peligrosidad de los implantes PIP. “Tenemos ahí un sistema de fraude masivo en perjuicio de miles de mujeres, un engaño como rara vez hemos visto”, “una vez más, el dinero antes que la salud de los otros”, recalcó. Según el tribunal, 7.445 mujeres se declararon demandantes en este proceso, entre ellas unas 2.500 extranjeras, pero el número de portadoras de las prótesis defectuosas es estimado en 30.000 en Francia y en varios cientos de miles en el mundo, muchas de ellas en América Latina. El proceso continuará del miércoles al viernes con los alegatos de la defensa.
